Resumen: El Juzgado de instancia dicta Sentencia en la que desestima la demanda de una trabajadora en reclamación sobre derecho a la movilidad geográfica, para la prestación de servicios en el Aeropuerto de Oviedo. La Sala analiza el recurso de suplicación de la trabajadora recurrente, entrando en primer lugar a estudiar la admisibilidad del recurso de suplicación por razón de la materia y, en consecuencia la falta de competencia funcional de esta Sala para el conocimiento del recurso de suplicación. La Sala razona: a) que, de conformidad con lo previsto en el artículo 191.2 e) LRJS, no son recurribles en suplicación las sentencias dictadas en los procesos de movilidad geográfica, salvo cuando tengan carácter colectivo; b) que, en consecuencia, no cabe admitir el recurso de suplicación formulado por razón de la materia, debiendo estimarse la falta de competencia funcional de esta Sala para el conocimiento del recurso de suplicación. Se declara la falta de competencia funcional de la Sala para conocer del recurso de suplicación y se declara la firmeza de la Sentencia de la instancia.
Resumen: Atribuida la facultad de decidir al padre por el auto recurrido, proclive a la vacunación, se recurre invocando inadecuación de procedimiento por estar afectados derechos fundamentales.La Sala considera que el procedimiento regulado en el artículo 86 y ss de la LJV es el adecuado para resolver el conflicto del desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. No existen irregularidades pues al tramitarse el procedimiento los menores aún no habían cumplido los 10 años y no se aprecia tuvieran suficiente madurez. Los informes aportados por la progenitora, solo indicaban que en ese momento no se había aprobado la vacunación para niños de esa edad. La decisión se adoptó primando el interés de los hijos menor de edad sobre los de sus progenitores , según las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que debe ser confirmada.
Resumen: El importe relativo al precio público exigido por las prestaciones sanitarias facilitadas directamente a personas aseguradas, exigibles a terceros obligados al pago según lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad y el Anexo (27) IX del Real Decreto 1030/2006, debe limitarse en los seguros de accidentes a las cantidades contratadas en la póliza, prevaleciendo el contenido de las estipulaciones entre aseguradora y asegurado, así como las normas legales de cobertura de las mismas.
